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Colocarnos como el mejor Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el país, otorgando mayor seguridad jurídica sobre la propiedad inmobiliaria, a través de la modernización de los procesos registrales y el uso de la tecnología de la información a fin de dar mayor fluidez a las operaciones del mercado inmobiliario, incrementando la confianza del sector financiero sobre el retorno de las inversiones, en apoyo a la competitividad y crecimiento económico del Estado de Guerrero.

El Registro Público de la Propiedad, es la institución a través de la cual el Estado proporciona el servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la ley precisan de ese requisito para surtir efectos frente a terceros. Le corresponde el desempeño de las funciones registrales en materia inmobiliaria, mobiliaria, personas morales y civiles, con arreglo a las prevenciones del Código Civil del Estado libre y soberano de Guerrero, del Reglamento y de los Manuales de Operación del Sistema Informático Registral del propio registro (SIRPP) y de las demás disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas aplicables.

El Registro Público, cuenta con tres oficinas registrales, una Dirección General ubicada en Chilpancingo y dos Delegaciones Regionales con sede en Acapulco y Zihuatanejo.

En cuanto al marco jurídico habrá de dejarse de aplicar en el Registro Público de la Propiedad, debido a que ya existe un Reglamento de los Registros Públicos de la Propiedad a nivel Federal, en donde se homologan criterios de operatividad para todos los Registros Públicos de las entidades federativas, faltando únicamente que el Congreso del Estado legisle al respecto, para que dicha norma tenga aplicabilidad en el Estado de Guerrero; por ende en éste rubro se tendrán que hacer reformas al capítulo respectivo del Código Civil vigente en el Estado, así como a otras leyes secundarias.

I.       Ser guerrerense o con residencia efectiva en el Estado no menor de cinco años;

II.      Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

III.     Ser Licenciado en Derecho, con título y cédula profesional debidamente

          expedidos e inscritos por la autoridad competente;

IV.    Contar con cinco años por lo menos en el ejercicio profesional y experiencia

         en materia registral, notarial o de correduría pública, por tres años;

V.     Tener un modo honesto de vivir, ser de reconocida probidad y solvencia moral y

         no haber sido condenado por delito doloso; y

VI.    No ser Notario o Corredor Público en ejercicio o con licencia.

I. Ser depositario al igual que los Delegados, de la fe pública registral;

II. Dictar los lineamientos y políticas necesarias para aprobar y promover los planes y programas de trabajo, que permitan una práctica sana, uniforme y ágil del proceso registral;

III. Dar fe, en su caso, de los actos registrales autorizando con su clave, firma y sellos, las inscripciones y certificaciones generadas y que obren en los archivos del Registro. Esta facultad la podrá ejercer en todo momento en cualquiera de las oficinas registrales;

IV. Coordinar de manera efectiva y eficiente, las actividades que desarrollen los Departamentos adscritos al Registro y sus Delegaciones;

V. Formular y presentar ante el Ministerio Público las denuncias, o querellas por hechos que se consideren delictuosos, cometidos en agravio de la institución;

VI. Asesorar y apoyar jurídicamente a las Delegaciones, a efecto de que los asuntos de su competencia se resuelvan con estricto apego a las leyes en la materia;

VII. Coordinar y supervisar la instauración de métodos y procedimientos acordes con el sistema registral;

VIII. Representar con el nombramiento respectivo en documento fehaciente, a la institución en los litigios de cualquier naturaleza jurídica en los cuales sea parte;

IX. Promover e instaurar planes y programas de calidad, tendientes a lograr la modernización registral en el Estado;

X. Acordar y promover las medidas que considere pertinentes para la continua actualización del SIRPP, así como de la estructura administrativa y funcional;

XI. Colaborar con las autoridades judiciales y de cualquier otra índole en los casos que así establezcan las leyes respectivas;

XII. Girar circulares tendientes a unificar criterios y la práctica registral, mismas que tendrán carácter obligatorio únicamente cuando aparezca su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; y

XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables.